DOCUMENTOS REGIONALES
LOS DERECHOS HUMANOS EN COLOMBIA
Por: Parmenio Córdoba Cuesta
Se dice que Colombia es un Estado Social de Derecho, pero es solamente en el papel; en los últimos gobiernos, el flagelo de violación, parece no tener límites cómo es expresado en todas las noticias o medios informativos existentes.
Dos fenómenos parecen haber confluido en la segunda mitad del siglo XX —un período caracterizado además por avances reales substanciales, como la creciente igualdad entre los géneros—, para dar al tema de los derechos humanos una nueva importancia. El primero fue la aprobación en 1948 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y el desarrollo posterior de otros instrumentos internacionales de protección a los derechos humanos. La tradición liberal occidental fue acogida como la base de un orden que exigía a todos los estados, independientemente de sus tradiciones, el respeto a los derechos de sus propios ciudadanos. Este consenso fue decisivo en la caída de los gobiernos socialistas, que defendían una interpretación diferente de los derechos humanos
La Constitución de 1991 incorporó, además, al inventario de derechos humanos varios derechos económicos y sociales (empleo, vivienda, salud, cultura, etc.) e incluso convirtió en derechos de los ciudadanos algunos de los objetivos básicos del orden constitucional, como la paz. De este modo, la Constitución no solamente señaló los derechos exigibles del Estado, sino que definió como derechos muchos temas que normalmente hacen parte de la controversia política. Al hacerlo, tendió a despolitizar la búsqueda de metas sociales y a crear un ambiente en el que el desarrollo económico y social no se logra a través de la política y la participación democrática, sino mediante demandas en los tribunales.
Colombia se incorporó fácilmente a este orden, en la medida en que coincidía con sus normas y tradiciones. Sin embargo, lo hizo en el contexto de un enfrentamiento armado interno. Así, mientras que el país podía ratificar las convenciones internacionales, muchos colombianos alegaban que, en la lucha contra la subversión, el Estado violaba sus propias normas y las reglas internacionales. Aunque esta contradicción comenzó a hacerse evidente desde mediados de siglo, se hizo más aguda con el auge del narcotráfico y su participación, mediante la organización de grupos privados, en la lucha contra la guerrilla. A partir de 1978, sobre todo, los organismos no gubernamentales de defensa de los derechos humanos han hecho una activa campaña para impulsar su protección, pero también para presentar al gobierno como violador de éstos (mediante la tortura, la ejecución o desaparición de guerrilleros y simpatizantes, el apoyo a grupos paramilitares, la detención arbitraria, etc.).
Este proceso, con sus diversas motivaciones, hizo de la defensa de los derechos humanos un tema político central. El Estado respondió estimulando la legislación de protección y la creación de instituciones de defensa de los derechos humanos. De ello es buen ejemplo la Constitución de 1991, con su amplia declaración de derechos, el reconocimiento de derechos de las poblaciones indígenas, la tutela, la Defensoría del Pueblo y otros mecanismos de protección. Al mismo tiempo el gobierno ha tendido a ver a las organizaciones privadas de defensa de los derechos humanos con desconfianza, suponiendo a veces que buscan dificultar la acción del Estado contra los grupos armados y que hacen parte de una estrategia comunista. Para ello, se apoyan en el hecho, legítimo por lo demás, de que unas pocas organizaciones no gubernamentales hayan tenido simpatías por la guerrilla y de que casi todas hayan mantenido, con base en una argumentación estrechamente legalista, que la única entidad que puede violar los derechos humanos es el Estado, y por ello insistan en negar que la guerrilla los viole.
Así pues, hoy el país enfrenta varios dilemas complejos, con instituciones avanzadas, pero a veces ineficaces. El primero es cómo hacer compatible la defensa de los derechos ciudadanos amenazados por la guerrilla (la libertad, la vida, la propiedad, la seguridad, el medio ambiente) con la protección a los ciudadanos de arbitrariedades judiciales y policiales (debido proceso para allanamientos y procesos judiciales, control de abusos como tortura o asesinato de guerrilleros). Y el segundo es cómo hacer que, en un contexto de limitaciones económicas, las prioridades en la lucha por cubrir las necesidades fundamentales de la población y satisfacer sus llamados derechos de segunda generación (salud, educación, vivienda) expresen la voluntad de la sociedad, definida a través de sus mecanismos políticos propios.
Es claro entonces ver cómo las amenazas y muerte a líderes sociales, así como la persecución sin cuartel a todos aquellos que enfrentan la barbarie social provocada por el Estado, es declarado objetivo militar por las fuerzas de ultra derecha, como las Águilas Negras, que no es otra cosa que un grupo conformado por la élite de personas que hacen e hicieron parte de las fuerzas armadas.
Los sindicatos hoy promueven la defensa de los derechos Constitucionales y velan porque se respete la vida de maestro y otras personas que por no callar y divulgar las atrocidades del gobierno son perseguidos hasta la muerte.
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Referencias
Melo G. J. O. Doc. Consolidación institucional de libertades individuales y derechos sociales